A partir del 10 de diciembre, Australia pondrá en marcha una nueva normativa que obliga a las empresas de redes sociales a aplicar “medidas razonables” para impedir que menores de 16 años creen cuentas en sus plataformas. La disposición también exige que las cuentas ya existentes de usuarios por debajo de esa edad sean desactivadas o eliminadas, lo que marca el inicio de una de las políticas más estrictas que el país ha adoptado en materia de seguridad digital infantil.

El gobierno australiano sostiene que esta medida, descrita como pionera y respaldada por amplios sectores de la sociedad, busca limitar las “presiones y riesgos” a los que los menores están expuestos en las aplicaciones sociales.

Señala, además, que muchas de ellas incorporan mecanismos de diseño que fomentan un uso prolongado de las pantallas y difunden contenidos capaces de afectar la salud y el bienestar de los jóvenes.

Un estudio encargado por el propio gobierno reveló que el 96% de los niños de entre 10 y 15 años utiliza redes sociales y que la mayoría ha estado expuesta a contenidos dañinos, que van desde material misógino hasta vídeos de peleas o publicaciones que promueven trastornos alimentarios y el suicidio. También se informó que uno de cada siete ha sufrido acoso sexual y que más de la mitad ha sido víctima de ciberacoso, según un informe de la BBC News.

Para activistas como Greg Attwells, director del grupo australiano 36 Months, el cambio no debe interpretarse como una prohibición absoluta, sino como un retraso en el acceso a la vida digital: una forma de dar a los jóvenes “tiempo para conocerse a sí mismos antes de que lo haga el mundo”.

La lista inicial de plataformas incluidas en la medida abarca a Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit y Kick. El gobierno también busca extender el alcance a videojuegos en línea. Algunas empresas, como Roblox y Discord, han introducido controles de edad en ciertas funciones ante el temor de incorporarse a la prohibición. 

La evaluación continuará, basándose en criterios relacionados con la interacción social y la posibilidad de que los usuarios publiquen contenido.

Quedan excluidos servicios como YouTube Kids, Google Classroom y WhatsApp, al considerarse que no cumplen con los requisitos establecidos. Los menores podrán seguir consumiendo contenido en plataformas que no exigen cuenta, como YouTube.

Ni niños ni padres recibirán sanciones por infringir la norma; la responsabilidad recae sobre las empresas, que podrían enfrentar multas de hasta U$S49,5 millones por incumplimientos graves o reiterados. Las plataformas deberán implementar tecnologías de verificación de edad -sin depender de la autodeclaración del usuario ni de la aprobación de los padres- y se señala que deben ofrecer alternativas a los documentos de identidad oficiales.

Entre los métodos discutidos figuran la verificación con documentos, el reconocimiento facial o de voz y la inferencia de edad. Meta anunció que comenzará a cerrar cuentas de adolescentes desde el 4 de diciembre, permitiendo la verificación mediante documento oficial o vídeo selfie en caso de errores. El resto de las plataformas aún no ha detallado cómo cumplirá la exigencia.

La efectividad de la medida es tema de debate, especialmente por las dudas sobre la precisión de las tecnologías de verificación y la suficiencia de las multas. También se critica que la normativa no incluye sitios de citas, plataformas de juegos ni chatbots de IA. Por otra parte, hay preocupación por el posible aislamiento de jóvenes que dependen de las redes para mantener vínculos sociales.

La ministra de Comunicaciones de Australia, Annika Wells, reconoció que la implementación podría ser “desordenada”, aunque insistió en que las grandes reformas suelen presentar desafíos iniciales.

Otra inquietud

Otro foco de inquietud es la gestión de los datos recopilados para verificar la edad. Australia ha vivido importantes filtraciones en años recientes, pero el gobierno asegura que la legislación contempla fuertes protecciones, que restringen el uso de la información a la verificación de edad y ordenan su destrucción posterior.

Las plataformas reaccionaron con descontento tras el anuncio en noviembre de 2024, argumentando dificultades técnicas, riesgos para la privacidad y la posibilidad de que los menores migren a espacios más inseguros. Algunas, como Snap y YouTube, han alegado incluso que no deberían ser consideradas redes sociales.

Mientras tanto, adolescentes entrevistados anticipan que recurrirán a nuevas cuentas con edades falsas o a alternativas como VPNs para eludir la prohibición, pese a los esfuerzos del gobierno por evitarlo. Otros jóvenes optan por cuentas compartidas con sus padres.

Según Attwells, los intentos de evasión no invalidan la necesidad de la regulación: “Los niños siempre encuentran la manera de saltarse las normas. Eso no significa que no deba existir la ley”.